Día tras día es mayor la inversión que hacen las empresas para iniciar una campaña publicitaria con el fin de atraer a consumidores y usuarios. Y, para no ser menos, también se sigue esta corriente en el ámbito sanitario, tanto por parte de farmacéuticas como por parte de centros dedicados a la prestación de servicios médicos, dando lugar así a la publicidad sanitaria engañosa.
La relación de confianza tradicional sanitario-paciente está llegando a su fin dando lugar a la conversión del primero en “prestador de servicios” y del segundo en “usuario”. A través de esta distinción, el profesional sanitario oferta sus servicios, teniendo el usuario conocimiento de ellos en muchas ocasiones por medio de la publicidad.
Como consecuencia del avance tecnológico y, paralelamente, de la mejora de las técnicas sanitarias ya conocidas y del deseo de la sociedad de cada vez más someterse a tratamientos rápidos, indoloros, eficientes y económicos, la publicidad enfocada al patrocinio de nuevos tratamientos médicos se encuentra en auge y, de su mano, la aparición de la publicidad ilícita, englobándose dentro de ésta la publicidad engañosa .
La publicidad engañosa es aquella que puede inducir a error a sus destinatarios o afectar su comportamiento económico. Una de las características más comunes de la publicidad sanitaria engañosa es generar en el usuario falsas expectativas del tratamiento publicitado.
Dejando de lado a parte la publicidad enfocada a ofertar como medicamentos aquellos productos que no pueden considerarse como tal, y centrando la cuestión en tratamientos sanitarios, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones.
En primer lugar, en términos generales, puede considerarse una acción de publicidad sanitaria engañosa y, con ello, ilícita, el hecho de ocultar la completa existencia de efectos secundarios de los tratamientos sanitarios que se ofertan.
Sin embargo, podría ser que no tuviera el mismo resultado aquella que oculta parcialmente estos efectos si se ha informado al destinatario de los mismos antes de que éste otorgue su consentimiento informado.
En todo caso, cada supuesto debe examinarse con total detalle, siendo ésta una apreciación general que nos hacer ver la importancia del consentimiento informado y, con ello, la importancia de leer todos y cada uno de los documentos que se proporcionan antes de proceder al efectivo tratamiento para averiguar si se ajustan a las condiciones publicitadas.
En segundo lugar, si bien es cierto que la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios en su artículo 61 establece que el contenido de la oferta o publicidad será exigible por parte del usuario, en el tema que nos ocupa es difícil hacer efectiva esta exigencia, pues en la mayoría de ocasiones los tratamientos ofrecidos carecen de la efectividad anunciada.
Entonces, exigir judicialmente el cumplimiento de los resultados asegurados se convierte en una tarea difícil, por lo que la vía más factible es la compensación económica, solicitando la devolución del precio pagado, más una indemnización por daños y perjuicios, y por daños morales si los hubiere y fueran demostrables.
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